15 organizaciones llaman a una investigación de la masacre en Nacahuil

Estimado Presidente Otto Pérez Molina:

Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestras condolencias a la comunidad de San José Nacahuil y a las familias  que perdieron a sus seres queridos el sábado 7 de septiembre. En solidaridad con ellos, llamamos al gobierno guatemalteco a realizar una investigación exhaustiva e imparcial sobre este hecho de violencia, especialmente sobre las acusaciones de participación de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El 7 de septiembre alrededor de las 23 horas, 24 personas fueron atacadas a balazos por hombres desconocidos en la aldea San José Nacahuil de San Pedro Ayampuc, al norte de la Ciudad de Guatemala, el saldo del ataque fue de once  personas muertas y trece heridas, entre ellas menores de edad.

El ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, de manera inmediata, culpó a las  maras del ataque y puso a la comunidad bajo el control de un contingente especial de policías y soldados[1]. Sin embargo, familiares de las víctimas señalan a la policía de haber facilitado  y/o participado en el ataque. Según varios informes, la policía llegó 20 ó 30 minutos antes de la masacre exigiendo el pago de un soborno a un comerciante. Miembros de la comunidad también afirman que los asesinos siguieron la misma ruta a través de la aldea,   que la policía había tomado minutos antes. El ministro de Gobernación, no obstante, inmediatamente desestimó la posibilidad de involucramiento policial.

Autoridades comunitarias de San José Nacahuil, así como otras organizaciones indígenas y sociales criticaron a López Bonilla por atribuir el delito a las  maras sin primero investigar. Además, exigieron que la policía y el ejército fueran retirados de la comunidad. Familiares de las víctimas también han pedido una investigación sobre la policía y su rol en  la masacre.

San José Nacahuil es la única comunidad indígena en San Pedro Ayampuc. La población está conformada por  pueblo Maya Kaqchikel y la aldea tiene sus propias autoridades y sus propias formas de seguridad comunitaria. Residentes expulsaron a la Policía Nacional Civil hace seis años y  datos oficiales registran una reducción en delitos desde aquel tiempo.

Como muchas comunidades indígenas en Guatemala, el pueblo de Nacahuil ha sufrido intentos de imponer proyectos de desarrollo sin su consentimiento libre, previo e informado. En respuesta, muchos residentes de Nacahuil han participado en la resistencia no violenta, como el actual bloqueo pacífico en “La Puya” en el vecino municipio de San José de Golfo. El bloqueo se inició en marzo de 2012 para prevenir la construcción de la mina de oro El Tambor, que ellos temen cause contaminación y disminuya sus escasos recursos hídricos. En la actualidad, la mina es propiedad de  Kappes, Cassidy & Associates (KCA), cuya sede se encuentra en Reno, Nevada, la cual adquirió el proyecto a la  empresa canadiense Radius Gold en agosto de 2012.

En otras luchas en contra de mega proyectos  en Guatemala, entre ellas,  la mina de plata  Tahoe Resources en San Rafael las Flores y la hidroeléctrica Hidralia Energia en Santa Cruz Barillas, el gobierno ha aprovechado situaciones de conflicto y violencia para justificar la implementación de estados de sitito,  con lo cual suspende derechos constitucionales. En  ambos casos  el gobierno luego ordenó la detención de líderes comunitarios que participaron en la resistencia a los mega proyectos.

Días antes del ataque en Nacahuil, miembros de La Puya señalaron preocupación por la presencia exagerada de policía, incluso agentes sin asignación a las estaciones locales. En el pasado, la policía ha sido usada para atentar,  intimidar y reprimir a grupos involucrados en protestas pacíficas. En diciembre del año pasado, policías empuñando gases lacrimógenos detuvieron a cuatro manifestantes de La Puya que luego fueron puestos en libertad  por  falta de pruebas .

Reiteramos nuestras condolencias a las familias  que han perdido a sus seres queridos y a la comunidad de San José Nacahuil. Llamamos al gobierno guatemalteco para realizar una investigación exhaustiva e imparcial sobre  la masacre. Debido a los señalamientos de los comunitarios de la participación de elementos de la PNC, pedimos la participación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la investigación.

Además, exigimos que los derechos de los residentes de Nacahuil y de la región circundante sean respetados, incluidos  sus derechos a la vida, la seguridad y la libertad de expresión. Nacahuil ha mantenido una seguridad interna efectiva en su  comunidad. Pedimos al gobierno que respete la voluntad de las autoridades locales y la comunidad y no imponer un esquema de seguridad ajeno, por ejemplo, una subestación de la PNC o un destacamento militar sin su consentimiento. Finalmente, llamamos al gobierno a respetar el derecho de la libre determinación de la comunidad a decidir sobre los mega proyectos que afecten sus vidas y su territorio.

Breaking the Silence, Latin American and Caribbean Solidarity Network – LACSN, MiningWatch Canada, Atlantic Regional Solidarity Network, Horizons of Friendship, Global Exchange, SalvAide, Maryknoll Office for Global Concerns, Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), Social Justice Committee of Montreal, Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG), Chicago Religious Leadership Network on Latin America, Guatemala Human Rights Commission, OPSEU Social Justice Fund, Oxfam

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