Hoy, en el primer aniversario de la sentencia por genocidio, reiteramos nuestra solidaridad con los miles de víctimas y sobrevivientes ixiles que han vivido tanto sufrimiento y con las que siguen luchando por la justicia y la dignidad.
El 10 de mayo de 2013 se dictó la sentencia de 80 años de prisión para el ex dictador golpista José Efraín Ríos Montt, por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo maya ixil — una sentencia que por mucho, se ha constituido en histórica para Guatemala y para el resto de la comunidad global que trabaja por la justicia.
La sentencia no sólo implicó justicia para los 1,771 hombres, mujeres y niños ixiles asesinados en el periodo de marzo de 1982 y agosto de 1983. Fue justicia también para sus familiares sobrevivientes y para los miles de víctimas que a todo lo largo y ancho del país se registraron durante el conflicto armado interno. También significó la posibilidad de justicia para quienes por más de 30 años silenciaron el horror de sus historías y aguantaron la indiferencia de una sociedad que ha llegado a negar los hechos.
Una ceremonia maya realizado fuera de la corte pidiendo justicia; el General Ríos Montt horas antes del anuncio del veredicto
La sentencia fue anulada 10 días después por la Corte de Constitucionalidad, por medio de un dictamen que claramente respondía a una consigna de actores poderosos en el país, como el grupo empresarial conservador CACIF, que temían el precedente sentada por una sentencia que rompió con la impunidad que se había gozado durante tantos años.
Desafortunadamente, sectores vinculados al ejército, del poder económico, y hasta funcionarios públicos, continúan a negar rotundamente que ocurriera un genocidio y buscan desarticular cualquier avance en la construcción de un sistema de justicia que funcione para todos los guatemaltecos/as.
La fiscal general, Dra. Claudia Paz y Paz, bajo cuya gestión se llevó a cabo el juicio por genocidio, se volvió uno de los blancos principales de este esfuerzo para mantener la impunidad. El fallo de la Corte de Constitucionalidad que recortó su mandato por siete meses parecía ser una represalia contra ella por haberse atrevido a responsabilizar a los que se pensaban intocables – y enviar un mensaje de que estos esfuerzos no serán tolerados. Parece algo simbólico, entonces, que el presidente anunció a la próxima Fiscal General mientras se celebraba el juicio por genocidio. Thelma Aldana tomará posesión de su cargo en poco más de una semana, después de un proceso de selección apresurada y marcada por irregularidades.
Sin embargo, el legado de la sentencia por genocidio sigue ofreciendo esperanza. A pesar de su anulación, la sentencia fue dictada, escuchada, conocida y celebrada. Como comentó Jorge Santos en elsalmon,“Sin lugar a dudas, el poder de esta Sentencia es inconmensurable en la medida en que se convierte en un justo homenaje a las miles de víctimas de las fuerzas represivas del Estado”.
En este 10 de mayo de 2014, en Guatemala y otros países, se recordará este acto histórico y será recordado con diversas actividades de reflexión y análisis. También se reflexionará sobre los nuevos retos a los que Guatemala se está enfrentando en este momento — y las formas en que el Estado guatemalteco continúa criminalizando y ejerciendo violencia en contra de las comunidades — asuntos que no pueden verse aislados de los hechos del pasado.
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Guatemala Human Rights Commission 