Condenamos La Agresión y Rechazamos La Violencia

*Comunicado de la Convergencia por los Derechos Humanos sobre el desalojo violento de La Puya:

Guatemala, 26 de mayo de 2014

1. En La Puya, desde marzo de 2012 y por decisión comunitaria, inició un movimiento de resistencia pacífica ante el intento por instalar el proyecto minero Progreso VII Derivada, en la finca El Tambor entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Una pretensión que empezó con el proceso secreto de acumulación de tierras y acciones de exploración en busca de oro.

2. A lo largo de estos dos años y meses, la organización de la resistencia pacífica en el lugar conocido como La Puya, pese a estar sometida a constante hostigamiento y agresiones por parte de la empresa minera – incluído un atentado armado en contra de Yolanda Oquelí (una de las líderezas del colectivo), con tolerancia de las autoridades, ha mantenido un proceso de diálogo. Proceso que el sistema nacional de diálogo ha pretendido que represente la renuncia de la comunidad a la defensa de su derecho al acceso de la información imparcial y el derecho a la consulta; así como el derecho al desarrollo, un ambiente sano y al agua.

3. En ese marco de agresión empresarial y desprotección estatal, la madrugada del viernes 23 de mayo, desde La Puya, se emitió la alerta sobre la fuerte concentración de presencia policial y fuerzas antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC). Se constató que la PNC y sus fuerzas especiales acudían en protección de la empresa que buscaba hacer llegar maquinaria de excavación a la mina.

3. Durante toda la mañana, tanto la comunidad de la resistencia pacífica como delegaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y organizaciones de Derechos Humanos, intentaron dialogar con el gobierno y el grupo de PNC para evitar la acción violenta. Diálogo que resultó infructuoso pues, tal y como lo afirmó el propio titular de Gobernación, teniente coronel retirado Mauricio López Bonilla, la decisión estaba tomada y la maquinaria entraría a como diera lugar. Al momento del diálogo no se conocía de una orden de juez que autorizara un desalojo.

4. Al medio día, una Juez de Paz de San José El Golfo, emitió una decisión pidiendo el acompañamiento de la Policía Nacional Civil al ingreso de la maquinaria como resultado de una exhibición personal realizada a favor de las personas de la resistencia. A las dos de la tarde, el pelotón antimotines, con más de cien efectivos, avanzó hasta el punto en donde la comunidad en resistencia se concentraba, sentada y acostada en el suelo y rezando y cantando. La actitud pacífica de la comunidad fue quebrantada con la acción policial violenta, quienes iniciaron destrozado el campamento de la comunidad y que terminó con el lanzamiento de una bomba lacrimógena que fue la luz verde para atropellar a la comunidad e iniciar el ataque con bombas lacrimógenas.

5. En un operativo con elementos policiales que superaba ostensiblemente el número de personas en el lugar, así como un abastecimiento masivo de granadas lacrimógenas, de humo, balas de goma, batones e incluso piedras, las Fuerzas Especiales Policiales (FEP), que también portaban armas de fuego, arremetieron contra la población la cual, al final de cuentas se defendió de la agresión. En dicho operativo, las fuerzas policiales detuvieron y engrilletaron con intenciones de capturar a una verificadora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos- Guatemala (UDEFEGUA) y les sustrajeron sus celulares así como las notas tomadas sobre los incidentes ocurridos hasta el momento. La defensora de derechos humanos fue liberada pero sus materiales de trabajo no, lo que plantea una preocupación sobre el uso ilegal que podría darse de la información contenida en esos materiales.

6. Los agentes de PNC que resultaron lesionados sufrieron las consecuencias de la irresponsabilidad de sus mandos quienes les mandaron al terreno sin protección alguna y recibieron granadazos e incluso piedras de sus propios compañeros.

7. Finalmente, con el uso excesivo de la fuerza física y armada, las FEP y la PNC, le abrieron camino a la empresa para que ingresara su maquinaria. El resultado de su operación es la destrucción del campamento de la resistencia pacífica, 27 personas heridas que han sido ya evaluadas por el INACIF y un número similar de personas con heridas leves que no han presentado quejas, las amenazas de muerte realizadas en contra de varios miembros de la resistencia y las violaciones realizadas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas que estaban en el lugar. La presencia policial se ha mantenido en un número tal que sigue representando una amenaza a la comunidad y en detrimento de la provisión de seguridad ciudadana en la ciudad de Guatemala, afectada por incremento en hechos delictivos.

8. Es de particular preocupación la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los niños y niñas que estaban presentes durante los hechos a quienes el Estado no les reconoce en su derecho de exigir derechos ni en su derecho de ser resguardados por la violencia.

Ante estas circunstancias, la Convergencia por los Derechos Humanos:

1. Expresa su solidaridad incondicional al proceso de resistencia pacífica en La Puya, que ha sido ejemplo de ejercicio de ciudadanía.

2. Condena y repudia la intervención violenta, arbitraria y desproporcionada de las FEP y la PNC en contra de población civil, niñas y niños, mujeres y ancianos, que ejercen su derecho a defender la vida y el territorio en beneficio de la sociedad.

3. Exige al gobierno de Guatemala el retiro inmediato de las fuerzas policiales de la comunidad y la respuesta efectiva al diálogo sin condiciones; así como el respeto irrestricto al derecho de defender derechos humanos que tenemos ciudadanos y extranjeros de acuerdo a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado.

4. Demanda de la oficina del PDH un acompañamiento permanente y en cumplimiento de su función protectora a la comunidad en resistencia pacífica. Que requiera los informes circunstanciados correspondientes y emita a la brevedad la resolución sobre el uso desmedido de la fuerza y la intervención arbitraria y violenta de las autoridades.

5. Al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Guatemala, en cumplimiento de su misión, la presencia inmediata en la comunidad en resistencia pacífica a fin de atender las condiciones derivadas de la acción violenta y arbitraria de las autoridades.

6. Al Ministerio Público, la efectiva y pronta investigación sobre lo ocurrido para esclarecer las responsabilidades penales en las que pudieron haber incurrido los oficiales encargados del operativos así como de la cadena de mando.

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