Guatemala Closes Spaces of Action for Civil Society and Indigenous Peoples

This press release by the Guatemalan Human Rights Convergence argues that the Pérez Molina administration has responded to human rights demands with violence, censorship and prohibition of freedom of speech. The Convergence highlights the wave of repression against both indigenous and mestizo communities in northern Huehuetenango — in particular, those living in Barillas, Santa Eulalia, and San Mateo Ixtatan and resisting large-scale development projects — and looks at cases of criminalization of community leaders.


EL ESTADO DE GUATEMALA CIERRA ESPACIOS A LA SOCIEDAD CIVIL Y A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La firma de los Acuerdos de Paz supuso un compromiso y una ruta para la construcción de una sociedad democrática. Sin embargo, ante el aumento importante de personas que exigen y defienden derechos; la respuesta del Gobierno es cada vez más violenta en contra de grupos sociales y pueblos indígenas que le piden a este  que cumpla con su obligación de garantizar el libre ejercicio de todos sus derechos. Esto se da, además, en temas de derecho de la niñez y la juventud, derechos de las mujeres, derecho de salud, educación y vivienda, derecho a un salario digno, inversión económica, auditoría social; así como en demanda de seguridad, justicia y equidad.

La violencia y el cierre de espacios es la respuesta del gobierno de Otto Pérez Molina, para proteger intereses personales y empresariales.  La censura, los asesinatos y atentados en contra de periodistas y comunicadores sociales son una muestra. Asimismo las comunidades indígenas que ejercen su derecho constitucional a la petición y a la consulta reciben como respuesta actitudes racistas y represoras por parte del funcionariado público y de quienes trabajan para las empresas que se quieren instalar en sus territorios.

Hoy planteamos la situación que viven las comunidades Q’anjob’al, Chuj y mestiza del norte de Huehuetenango, particularmente quienes viven en Barillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán.  Desde el año 2007, en la región produce inquietud la expansión de la Transversal del Norte, la imposición de tres hidroeléctricas (Hidro Santa Cruz de Hidralia Natural en Barrillas, Hidro San Luis de CM5 en Sta. Eulalia e Ixquisis de la PDH, S.A. en San Mateo Ixtatán) y la información de posible extracción minera por parte de empresas mexicanas. Ante esta situación, las comunidades se organizaron y requirieron información. Ante la autorización de construcción de Hidroeléctricas, se realizaron varias consultas municipales en donde las comunidades señalaron que NO querían las hidroeléctricas en su territorio. En los municipios de San Mateo Ixtatán y Barrillas, los Alcaldes han defendido las decisiones colectivas.  Sin embargo, las empresas continúan trabajando, una serie de procesos de corrupción se han venido dando a nivel municipal y el Ejecutivo garantiza a las empresas protección policial, ampliación de la presencia militar y Estado de Excepción.

Desde el año 2011,  las comunidades empezaron a manifestar su descontento con reuniones planificadas o no frente de las instalaciones de las diversas empresas hidroeléctricas.  A partir de esta fecha, las manifestaciones no violentas han superado las 50 en la región, mientras que las violentas se han dado en 4 momentos donde se desarrolla un conflicto entre trabajadores y comunitarios que termina en quema de maquinaria e instalaciones.  Además, hemos registrado el asesinato de 2 líderes comunitarios (Daniel Pedro Mateo – 16 de abril de 2013 y Pascual Pedro Pablo – 27 de marzo de 2015),  el asesinato de 6 personas en el marco de los conflictos (2 ligadas a las empresas y 4 a los defensores de derechos humanos), más de una veintena de personas defensoras de derechos humanos con lesiones graves,  más de 10 trabajadores de empresas que señalan haber sido amenazados, 6 momentos en que las acciones policiales y militares causaron daño a las comunidades, particularmente a las mujeres, , el cierre de una radio comunitaria y más de 50  personas defensoras de derechos humanos que han sido imputados ante la justicia.  Además, encontramos dos momentos críticos en donde se rompe la institucionalidad, el 1 de mayo de 2012 con la imposición de un Estado de Excepción y el 19 y 20 de enero de 2015 en donde el descontento comunitario obliga al cierre y traslado del Centro de Atención de Justicia de Santa Eulalia.

La situación se agrava por los procesos de criminalización en contra de liderezas y líderes comunitarios.  El proceso contra Rubén Herrera, dirigente de la Asociación de Desarrollo de Huehuetenango es emblemático de lo que ocurre en la región.  Dos acusaciones se levantan contra él por hechos ocurridos en abril del 2012 y luego de guardar prisión preventiva es absuelto de todos los cargos.  Así como él, 30 personas más han tenido que pasar por procesos penales para ser absueltos en el momento de la acusación por falta de pruebas.

Sin embargo, las empresas mantienen la presión para que se condene, particularmente a los líderes no violentos y los que han estado dando la cara ante el gobierno para pedir un diálogo respetuoso y el derecho a la consulta LIBRE, PREVIA E INFORMADA.  Es así como luego de ser sobreseídos en un caso relacionado con los incidentes del 1 de mayo del 2012,  a Rogelio Velásquez y Saúl Méndez, líderes comunitarios de Barillas se les abre un proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato de una mujer en el marco de un linchamiento ocurrido en su comunidad por las acusaciones de las personas sobre la presunta actividad delictiva de la víctima.  Sorpresivamente en diciembre del año pasado, se da una sentencia en contra de los defensores en donde el juez  argumentó “no podemos probar como mataron a la mujer pero como son los líderes de la comunidad son los responsables” {SIC}.   La sentencia ilegal pretende responsabilizar penalmente a los defensores de derechos humanos, por las acciones cometidas particulares que viven en sus comunidades.

A finales de febrero de este año, un juez de primera instancia de Huehuetenango liga a proceso a tres líderes importantes de las comunidades de Barillas (Sotero Adalberto Villatoro, Francisco Juan Francisco y Arturo Pablo) por el delito de secuestro presuntamente cometido en el 2012 luego que la fiscalía solicitara el sobreseimiento del proceso por carecer de pruebas.  No sólo los liga a proceso, sino también ordena su prisión, traslado a la zona 18  para alejarlos de su comunidad y luego se recusa de ser juez; dejando a los imputados sin juez contralor y sin fecha para la audiencia de revisión de medida.

Finalmente, el 24 de marzo fueron detenidos Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, líderes del pueblo Q’anjob’al y que en nombre del movimiento llamado “Gobierno Plurinacional de los pueblos Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti’ y Mestizo” han solicitado tanto en la ciudad de Guatemala como en lo internacional que se respeten los derechos de los pueblos indígenas.  Estos líderes tienen 16 denuncias judiciales abiertas y fueron detenidos en la ciudad capital relacionándolos a hechos del 2013 y acusándoles de amenazas, coacción y detención ilegal.  Luego de una serie de violaciones de sus garantías, el juez de primera instancia de Huehuetenango los escucha en la capital y deja abierto el proceso por detención ilegal y les da una medida sustitutiva. No obstante, saliendo de Torre de Tribunales son nuevamente detenidos por una orden de captura girada por el mismo juez por plagio, secuestro e instigación a delinquir, por hechos ocurridos el 23 de enero de 2014.  Al día de hoy, guardan prisión sin que se haya programado fecha para su primera audiencia acumulando más violaciones en contra del debido proceso.

Ese mismo día, llega a nosotros la noticia que el mismo martes 24 de marzo había desaparecido el líder de Barillas, Pascual Pablo Francisco y que el viernes lo encontraron asesinado.

Además de esto ninguno de los casos de asesinato, lesiones y amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos ha prosperado.  La mayoría de estos casos está en la impunidad, incluyendo los hechos del 20 de enero, donde presuntamente el Alcalde de Sta. Eulalia es responsable del asesinato de 3 personas, las lesiones graves en contra de una defensora de derechos humanos, lesiones leves en contra de comunicadores sociales de la Radio Snuq Jolom Konob. A la fecha, la Radio sigue sin poder abrir sus puertas, a pesar de un intento el 20 de marzo cuando fue reprimida por miembros de la Municipalidad de Sta. Eulalia.

Ante esta situación, la Convergencia por los Derechos Humanos:

1. Demanda a la Corte Suprema de Justicia que revise la actuación de los jueces de Santa Eulalia e investigue su actuación y aplique las medidas administrativas y legales necesarias.  Asimismo, que intervenga de forma inmediata para remediar la grave violación de garantías a las que están sujetas las personas defensoras de derechos humanos hoy detenidas.

2. Exige al gobierno central que detenga los permisos para funcionamiento de las empresas hidroeléctricas de la región y empiece un proceso de consulta realizada de acuerdo a las prácticas de los pueblos indígenas mayoritarios en el Norte de Huehuetenango.

3. Solicita a las empresas Hidro Santa Cruz, Hidro San Luis e Hidro Ixquisis que  escuchen y respeten a las comunidades afectadas por sus operaciones y que apoyen un mecanismo de diálogo en donde participen todos los liderazgos reconocidos en el lugar incluidas las gerencias y dueños de las empresas.

4. Solicita a defensores y defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios que continúen su lucha no violenta por el cumplimiento de sus derechos y que de abrirse procesos reales de diálogo se involucren para garantizar una salida al conflicto en donde tanto sus derechos como los intereses comunitarios sean cumplidos.

5. A los medios de comunicación, la sociedad en general y la comunidad internacional que no estigmaticen la defensa de derechos humanos individuales y colectivos; que cese la criminalización en contra de todas las personas detenidas . Todas son INOCENTES hasta que se pruebe lo contrario.

Esperamos que esta problemática sea comprendida por  toda la sociedad  y las instituciones del Estado para una salida democrática.

Guatemala, 30 de marzo de 2014

CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS: Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS); Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA); Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH); El Refugio de la Niñez; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG); Seguridad en Democracia (SEDEM); Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos e Guatemala (UDEFEGUA); Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).

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