Human Rights Convergence: Eradicate Anti-Social Movement Efforts in Guatemala

On June 25, The Human Rights Convergence — a coalition of human rights organizations — published a statement regarding the protection of civilian responses to the recent corruption scandals in Guatemala.

The Convergence put forward this information to demonstrate the acts of retaliation and repression against those participating in social movements calling for an end to government corruption. The Convergence sites specific incidents of attacks and threats, which include:

  •  A fire set to a local business of a social movement leader in Quetzaltenango.
  • Death threats against Congressman Amílcar Pop, after he initiated the judicial demand to investigate President Pérez Molina.
  • The seizure of a local bus from San Juan Sacatepéquez on its return from a march that occurred in Guatemala City on June 13.
  • The murder of two community leaders, Pablo Pajarito Rompich in Quiché and Santiago Ramírez in Petén.

The Human Rights Convergence therefore requests that actions be taken by all involved actors: that the CICIG, the Public Prosecutor’s Office, and the Human Rights Attorney Office open investigations into these allegations; that the National Security System limit the executive branch’s powers to exploit public resources for illicit activities; and that Guatemalan society as a whole maintain its commitment to fighting impunity and corruption.

Below you can find the full statement from the Human Rights Convergence in Spanish.

The Human Rights Convergence is a coalition of organizations that was formed to support the agenda of human rights in Guatemala, in general, and in particular, to develop actions oriented towards the fight against impunity.


PDF Version: Pronunciamiento de la Convergencia de los Derechos Humanos

DESARTICULAR CIACS QUE ATENTAN CONTRA MOVIMIENTO SOCIAL 

ANTE LA OLEADA DE AGRESIONES Y AMENAZAS CONTRA EL MOVIMIENTO QUE RECLAMA LA DEPURACIÓN DEL ESTADO, LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS, EXPONE:

1)    En la medida que nuevas estructuras criminales de corrupción son desveladas, la demanda ciudadana ha crecido a exigir la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina, ante cuyas narices y muy probablemente con su participación directa, tuvieron lugar las acciones de robo de los recursos del Estado para enriquecimiento de los integrantes del gobierno y e empresarios ligados al mismo.

2)    En su afán de sostenerse, el sistema de partidos políticos, creador del esquema perverso que ha llevado a la crisis existencial de la democracia, hace oídos sordos a los reclamos y con ello, alimenta a los grupos ilegales que buscan impedir la continuidad de las movilizaciones. Situación que se agrava con el manejo sin control de los servicios de seguridad.

3)    De tal suerte que se han producido ataques y amenazas típicas de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), en contra de dirigentes y líderes sociales y políticos. Entre estos, destacan por su gravedad:

  • La instalación de cámaras de reconocimiento biométrico y acción interrogadora de miembros de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) durante las concentraciones frente al Palacio Nacional.
  • Intimidación por parte de miembros de la SAAS y de la Policía Nacional Civil (PNC), al grupo de ciudadanos que permaneció encadenado a las puertas del Palacio Nacional por varios días.
  • Desde estructuras de los partidos Patriota y LIDER, estímulo al discurso de odio contra participantes de las movilizaciones.
  • En Huehuetenango, intimidaciones a dos liderezas del movimiento #RenunciaYa, y amenazas a periodistas que investigan actos de corrupción.
  • El incendio del local comercial del dirigente del movimiento VOS en Quetzaltenango.
  • El uso de vehículos para  intimidar y la presencia de gente armada, durante una de las concentraciones en Quetzaltenango, en los alrededores de donde se realizaba la movilización.
  • Las amenazas de muerte contra el diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq, luego de que interpusiera las demandas judiciales que han dado lugar al proceso de antejuicio en contra de Otto Pérez Molina.
  • Presencia amenazante de PNC en puntos de realización de la encuesta “Hagamoselparo.
  • Secuestro por cinco horas del bus de comunitarios de San Juan Sacatepéquez a su retorno de la marcha del 13 de junio.
  • Asesinato de dirigentes comunitarios como Pablo Pajarito Rompich en Quiché y Santiago Ramírez en Petén.
  • Agresión a dos personas, por parte de la seguridad del partido LIDER, en Nebaj.

4)    El hecho más reciente es la amenaza de muerte por la vía telefónica, a la hija de Leonel Dubón, director de la Asociación El Refugio de la Niñez, “por estar en las protestas frente al Palacio”.

En virtud de estos hechos, la Convergencia por los Derechos Humanos:

1)    Reitera su solidaridad con todas las personas víctimas de estos hechos de violencia que atentan contra las libertades y garantías que el marco jurídico vigente protege.

2)    Exige al ejecutivo, en particular al Sistema Nacional de Seguridad, limitarse a ejercer las atribuciones que por ley le competen y no utilizar los recursos públicos para actividades ilegales de espionaje y persecución al liderazgo social.

3)    Demanda al Ministerio Público (MP), las investigaciones necesarias para identificar a lo perpetradores de todos estos hechos y procesarlos conforme a la ley.

4)    Requiere a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el registro e investigación de todos estos hechos, así como la emisión de las resoluciones que correspondan.

5)    Solicita a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que conforme a su mandato, realice la investigación de estas estructuras y brinde el apoyo para el desmantelamiento de las mismas.

6)    Llama a la sociedad guatemalteca a mantener su reclamo contra la impunidad y la corrupción y a continuar en el ejercicio pleno de todos y cada uno de los derechos que la democracia protege.

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