Victoria para La Puya: Corte guatemalteca ordena suspensión de trabajos de construcción en la mina El Tambor

La GHRC aplaude el fallo de un tribunal de amparo de Guatemala que el 15 julio ordenó que se realice una consulta de vecinos sobre proyectos que los afecten y ordenó la suspensión de trabajos de construcción en la mina El Tambor.

El fallo es un indicio positivo para los miembros de las municipalidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo quienes se han unido en resistencia pacífica para oponerse a un proyecto que consideran altamente dañino.

El movimiento conocido como ‘La Puya’ ha mantenido una presencia los 24 horas al día, 365 díal al año en la entrada del sitio por más de tres años. Durante ese tiempo La Puya ha denunciado actos intimidatorios e ilegales de parte de la empresa guatemalteca que posee la licencia de minería, EXMINGUA, junto con su casa matriz Kappes, Cassidy & Associates, empresa estadounidense con sede en Reno, Nevada.

La querella legal presentada en octubre de 2014 por las autoridades de dos comunidades afectadas, El Carrizal y El Guapinol, acusa al gobierno municipal de no cumplir con su deber de actuar por el bien de los ciudadanos.

La denuncia acusa al Consejo Municipal de San Pedro Ayampuc -donde se ubica la mina – de fallar en su deber de detener los trabajos de construcción en la mina y de no defender los intereses de las comunidades afectadas. Argumentan que el Consejo tenía la responsabilidad de actuar dado su conocimiento que la empresa había violado la ley operando sin licencia de construcción, teniendo documentación de preocupaciones sobre la contaminación y la cualidad del agua y por no haber llevado al cabo una válida consulta previa.

La corte falló que la empresa estaba operando ilegalmente, sin “licencia de construcción…ni autorización, ni aprobación de la Municipalidad de San Pedro Ayampuc para ejecutar su proyecto minero” y que la responsabilidad queda con el Consejo Municipal de aplicar la ley.

“Esta actitud pasiva de parte del Estado…puede hacer cómplice El Consejo Municipal de los impactos dañinos de la actividad minera en su territorio”, argumentaron las autoridades de las dos comunidades en la corte, recordándoles que “las municipalidades tienen la obligación de denunciar el desequilibrio ecológico para mantener un medio ambiente sano”.

La sentencia, celebrada por la Puya y sus aliados nacionales e internacionales, ordena que EXMINGUA suspenda todos sus trabajos de construcción en la mina hasta que se realice una consulta de vecinos y ordena que el Consejo Municipal de San Pedro Ayampuc tome acciones para detener la construcción dentro de 15 días.

“Es una gran victoria,” dijo Kelsey Alford-Jones, Directora de GHRC. “GHRC ha acompañado la comunidad en su lucha por casi 4 años y ha documentado la intimidación y represión contra los que protestaron la mina. Este fallo da validez a las preocupaciones expresadas por los vecinos y representa un paso importante en garantizar sus derechos”.

GHRC ha hecho un llamado a la Embajada de Estados Unidos a que inste a la empresa a cumplir con la sentencia.

Pruebas presentadas por la querella

Desde el momento que supieron del proyecto minero los vecinos han expresado su seria preocupación sobre la salud ambiental y el impacto en los residentes locales. La región es seca, el agua es escasa y la mina usaría cantidades grandes del agua. Aún más, el agua local contiene naturalmente niveles de arsénico que exceden los niveles recomendados para el consumo humano. La roca – que se perforará y se fracturará para alcanzar unas pocas cantidades de oro y plata – es arsenopirita que contiene un 46% de arsénico. Para las muchas familias en el área que dependen de agricultura el riesgo de contaminación es demasiado alto.

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala también encontró “una serie de deficiencias” en el estudio del impacto ambiental de la empresa, incluso una carencia de planificación para mitigar posibles daños ecológicos. Sin embargo aprobó la licencia. El Dr. Rob Moran, experto estadounidense, estudió el informe y lo llamó “el estudio de peor calidad que he revisado en más de 42 años de  experiencia profesional en hidrogeología / geoquímica que abarca centenares de minas por todo el mundo”.

Los abogados representando la empresa argumentaron que habían realizado consultas con la comunidad por medio de una serie de presentaciones. También intentaron afirmar que la empresa estaba operando legalmente.

Sin embargo la Corte encontró que ninguna consulta legítima se había realizado y retó rotundamente el intento de la empresa de producir una licencia legal, diciendo: “la contradicción entre las actas relacionadas [de la municipalidad] es más que evidente…la empresa minera no posee licencia de construcción”.

El contexto más amplio

La sentencia viene en un contexto de indignación generalizada sobre la corrupción en todos los sectores gubernamentales. El ex Ministro de Energía y Minas, Erick Archila, renunció después de haber sido acusado de corrupción. Su Vice-Ministro, quien fue inaugurado como Ministro en mayo, ha sido arrestado, acusado de tráfico de influencias, asociación ilícita y falsedad material por participar en una red de oficiales dedicados a la venta de influencia y el lavado de dinero.

La minería en sí ha sido uno de los asuntos más polémicos en Guatemala en los años recientes. Las licencias se otorgan pese a estudios de impacto ambiental mal hechas, una falta de supervisión y sin consulta, generando enormes conflictos sociales en las comunidades que oponen los proyectos por todo el país. Se abundan las amenazas, ataques y violencia mortal contra los activistas que defienden sus derechos a tierra, territorio, consulta y un medio ambiente sano.

El derecho a la consulta ha sido una lucha continua y el gobierno de Guatemala no ha cumplido con su obligación bajo la ley internacional a llevar a cabo consultas antes de que se inicie un proyecto que pueda afectar a las comunidades indígenas. El código municipal que requiere el apoyo de los residentes para tales proyectos no ha sido puesto en vigor – o cuando se cumple no se ha respetado los resultados. En ausencia de gobernación adecuada las comunidades han realizado sus propios referendos con el resultado que la gran mayoría de los votantes optan en contra de la minería.

Tal como en otros lugares, en San Pedro Ayampuc la minería — o aun solo la amenaza de abrir una mina — ha desequilibrado la armonía comunitaria y ha divido familias. Y como la GHRC ha documentado, algunos empleados de la empresa minera han cometido actos de hostigamiento, amenazas verbales e intimidación física. En numerosas ocasiones la policía guatemalteca ha recurrido a tácticas atemorizantes y en 2014 utilizó fuerza desproporcionada para desalojar a los manifestantes de la entrada a la mina, resultando en lesiones para algunos que requerían hospitalización.

En este contexto difícil La Puya ha sido siempre un caso ejemplar de resistencia pacífica, combinando acción comunitaria creativa, cabildeo político y denuncias jurídicas para defender sus derechos.

GHRC galardonó La Puya con nuestro primer Premio Alice Zachmann para Defensores de Derechos Humanos en 2012. Se puede aprender más sobre La Puya aquí.

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