GHRC has joined six other international organizations in applauding the recent ruling in the CREOMPAZ case. On June 7, a Guatemalan judge ruled that 8 former military officials would face trial on charges of forced disappearance and crimes against humanity. The judge had heard weeks of testimony and reviewed extensive evidence uncovered on the CREOMPAZ military base in Cobán, including 565 bodies exhumed from 85 clandestine cemeteries. Fourteen people were initially detained in January, and eight others remain fugitives of justice. International organizations expressed concern about acts of intimidation and hate speech used during the process, but called the ruling an important step in the fight against impunity.
8 de junio de 2016
El día de ayer, la jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, ordenó que Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército, junto con otros 7 exmilitares, deben enfrentar un juicio por desaparición forzada y crímenes contra los deberes de humanidad, sobre la base de pruebas científicas y testimonios de sobrevivientes. Asimismo concluyó la etapa intermedia del proceso que había iniciado el 3 de mayo de 2016.
En 2012, en el marco de la investigación del caso, fueron hallados 85 cementerios clandestinos en la zona militar de Cobán—hoy sede del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz, CREOMPA—, en los cuales se exhumaron las osamentas de 565 personas, entre niños, niñas, adultos y mayores, pertenecientes a los pueblos maya de Poqomchí, Achí, Q’eqchí, K’iché, Poqomchi’, Achi, Q’eqchi’, K’iche’ e Ixil. Hasta la fecha, se ha logrado identificar a 128 víctimas, representadas en el proceso penal por seis organizaciones que actúan como querellantes, y apoyan la labor del Ministerio Público, para poner fin a la impunidad que persiste desde hace más de 35 años.
El pasado 6 de enero, fueron detenidos 14 exmilitares de alto rango, quienes desempeñaron sus funciones en la zona militar 21 de Cobán, entre 1980 y 1987. En esa época, ocurrieron numerosas desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil, cometidas por el Ejército de Guatemala en todo el territorio nacional. Ocho personas siguen prófugas de la justicia en este caso.
Además, en mayo del presente año, el Juzgado dictó la falta de mérito en contra de tres de los exmilitares capturados, y separó del proceso penal a otro de los acusados para determinar su capacidad mental para enfrentar un juicio penal.
Son preocupantes los actos de intimidación ocurridos en el marco del proceso en contra de los defensores y las defensoras de derechos humanos con vinculación al mismo, por parte de personas y organizaciones afines a los militares procesados. Asimismo, hubo varias manifestaciones en pro de los militares sindicados en frente del Tribunal, antes y después de las audiencias, con carteles y eslóganes hostiles y agresivos en contra de las personas y organizaciones cercanas al caso. Estos hechos evidencian un discurso de odio que pretende desacreditar a las víctimas y los querellantes adhesivos y generar un clima de miedo. Cabe recordar que es responsabilidad del Estado brindar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los sujetos procesales y del público presente en las audiencias.
Las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado celebran la apertura a juicio en el caso. Esta decisión representa un paso importante para la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante el conflicto armado interno en Guatemala, y para el cumplimiento de la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar dichos crímenes. Decisiones como ésta, representan el camino a seguir para garantizar el acceso a la justicia y a la verdad, de las víctimas de estos graves delitos y sus familiares, así como de la sociedad guatemalteca en general.
Firmado:
Guatemala Human Rights Commission/USA
International Platform against Impunity
Due Process of Law Foundation
Lawyers Without Borders Canada
Impunity Watch
Washington Office on Latin America
Center for Justice and International Law
Guatemala Human Rights Commission 