El 4 de octubre de 2012, las comunidades indígenas organizaron una protesta que movilizó a miles de personas de los 48 Cantones de Totonicapán, para exigir respeto y cumplimiento a sus derechos básicos. En La Cumbre de Alaska, ochenta y nueve soldados armados -al mando de Juan Chiroy- con el aval del presidente de la República, llegaron al lugar con órdenes de disolver la protesta. Ocho soldados dispararon a los manifestantes, dejando seis muertos, cuarenta heridos y un desaparecido. Nueve años después, las viudas y víctimas de esta tragedia siguen buscando justicia.
Seguimiento del caso
Inmediatamente después de la masacre, la fiscal general Claudia Paz y Paz ordenó una investigación que dio como resultado la detención del comandante militar Juan Chiroy y de ocho soldados: Edín Adolfo Agustín Vásquez, Dimas García Pérez, Marcos Chun Sacul, Abner Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Felipe Chuc Coc, Manuel Lima Vásquez y Ana Cervantes. Desde la detención, el caso ha estado continuamente estancado y plagado de irregularidades.
En 2013, la jueza del Tribunal de Alto Riesgo, Carol Patricia Flores, cambió los cargos contra los acusados de ejecución extrajudicial a incumplimiento de deberes. Luego, en una audiencia en la etapa de evidencia de 2015 se violó el debido proceso cuando no se permitieron pruebas cruciales del informe de balística en la investigación inicial. El juicio se enfrentó a otra ralentización después de que Flores fuera recusada del caso.
El Tribunal de Alto Riesgo sustituyó a Flores por la jueza Claudett Domínguez, quien en 2019 liberó a los acusados de la cárcel, donde llevaban más de seis años esperando su juicio. Aunque Domínguez ha asignado sistemáticamente la prisión preventiva a los defensores de los derechos humanos criminalizados a lo largo de su gestión como jueza, rompió el precedente, alegando que la prolongación de la prisión preventiva violaba los derechos humanos de los acusados. Ahora, con los soldados en libertad a la espera de juicio, las familias y los supervivientes temen que los ex soldados puedan utilizar sus conexiones dentro de las fuerzas armadas para tomar represalias contra ellos.
Finalmente, la etapa intermedia se reanudó este mes de agosto y finalizó el 3 de septiembre. Tras ver las pruebas presentadas tanto por la defensa como por la fiscalía, Domínguez había ya dictaminó enviar a los acusados a juicio por los cargos de ejecución extrajudicial. Todavía no se ha anunciado la fecha de la próxima vista del juicio.
La importancia de la justicia
Hace nueve años, este incidente fue la primera masacre perpetrada por los militares desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Como es el caso de los asesinatos cometidos por el Estado que ocurrieron durante el conflicto armado interno, la justicia en este caso es esencial para la protección a largo plazo de los derechos humanos en Guatemala.
El equipo de GHRC en Guatemala ha monitoreado el caso desde 2012 y continuará acompañando a las familias y sobrevivientes de la masacre. Condenamos el uso de la fuerza por parte de los militares guatemaltecos y exigimos justicia para las familias y los sobrevivientes de esta trágica masacre.
Guatemala Human Rights Commission 