En una conferencia de prensa el 1 de octubre los abogados del Bufete de Derechos Humanos, representantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), y Aldo Léon, de Voces Mesoamericanas, informaron sobre una visita realizada esta semana a la comunidad desplazada de Laguna Larga. El grupo condenó la falta de cumplimiento del Gobierno guatemalteco en la búsqueda de una solución para la comunidad desalojada por la fuerza de sus tierras en 2017. Aún con medidas cautelares emitidas por el Sistema Interamericano, así como sentencias tanto de la CIDH como de la Corte de Constitucionalidad a su favor, la comunidad sigue viviendo en condiciones deplorables en la frontera entre Guatemala y México. Según el diputado Aldo Dávila, “la situación es sumamente preocupante, hay una máxima expresión de violación de los derechos humanos”, incluyendo “los derechos a la salud, a la educación y a la alimentación de estos guatemaltecos”.
Una comunidad desplazada, una comunidad olvidada
Situada en la región del Petén de Guatemala, las familias de origen maya Chuj y maya Q’eqchi’ establecieron la comunidad de Laguna Larga a principios de la década de 1980. Durante más de 30 años vivieron de forma sostenible y construyeron su comunidad; en 2017 -sin apoyo del gobierno- habían construido una escuela, iglesias, un centro médico y casas para más de 100 familias. Los cultivos que plantaron no solo les proporcionaron alimentos e ingresos, sino que ayudaron a sostener la región económicamente.
En 1989, el gobierno guatemalteco estableció el área protegida del Parque Nacional de “El Tigre de Laguna” y comenzó a hacer planes para desalojar a todas las comunidades asentadas dentro de sus límites, incluida Laguna Larga. Las comunidades iniciaron un proceso de diálogo con el gobierno en busca de una solución por la que las comunidades pudieran permanecer y actuar como custodios del parque.
En la noche del 1 de junio de 2017, las familias de Laguna Larga recibieron la noticia de que un gran contingente de fuerzas de la Policía Nacional y del Ejército estaba en camino para desalojarlos por la fuerza de sus hogares. Con la esperanza de evitar la violencia, las familias recogieron todo lo que pudieron cargar y huyeron en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, las fuerzas de seguridad guatemaltecas llegaron a Laguna Larga, quemando las casas, destruyendo las iglesias y matando el ganado.
Los hombres, mujeres y niños de Laguna Larga se refugiaron en una estrecha franja de tierra inhóspita junto a la frontera. Esperaban que el gobierno les permitiera volver a sus tierras, o al menos les proporcionará otro lugar donde vivir. Llevan más de cuatro años esperando.
Actualmente, la comunidad vive en casas hechas con restos de lata, sin agua potable y sin tierras para cultivar. La única atención médica -incluidas las vacunas contra el COVID- ha sido proporcionada por organizaciones de México. Varios miembros de la comunidad han muerto como consecuencia de problemas de salud agravados por las malas condiciones de vida o derivados de ellas.
La obligación del Estado
En 2017 -con la ayuda de GHRC- la comunidad solicitó medidas cautelares a la CIDH, alegando evidencias de falta de agua potable, electricidad y servicios básicos, además de 36 casos de desnutrición, 8 embarazos de alto riesgo y 3 casos de hipertrofia prostática. La CIDH otorgó las medidas cautelares el 29 de septiembre de 2017, solicitando que el Estado garantice la protección de los derechos de la comunidad, encuentre una solución inmediata y facilite el diálogo permanente para que esto no vuelva a suceder. La Corte Constitucional también falló a favor de la comunidad, concluyendo que, aunque se han realizado acciones para superar la situación, estas medidas no han sido efectivas. “Aunque han pasado más de tres años desde el desalojo, las condiciones precarias siguen existiendo”, declaró el Tribunal.
Desde entonces, el gobierno ha hecho escasos intentos por encontrar una solución, incumpliendo ambas sentencias. Entre el 29 de junio y el 1 de julio, la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) realizó una visita con la comunidad para observar las condiciones de tres parcelas que podrían ser adquiridas por el gobierno para la reubicación de la comunidad. En un comunicado de prensa publicado por el COPADEH, la comisión aplaudió el intento de reasentamiento de la comunidad, afirmando que “estas acciones están en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la CIDH, trabajando a favor de las familias”.
Sin embargo, las familias se vieron obligadas a rechazar la propuesta del gobierno. Las parcelas ofrecidas no sólo eran más pequeñas que sus tierras anteriores, sino que tendrían que ser compradas por las familias, lo que las sumiría aún más en la pobreza.
Carlos Martínez, abogado que representa a la comunidad, denunció la oferta del Estado, explicando que “el pueblo ha sido engañado; el Estado guatemalteco no ha sido transparente en las negociaciones [sino que] convierte una solución que debería constituir una reparación de sus derechos en una deuda para el pueblo”.
El pueblo de Laguna Larga sigue sobreviviendo, día a día, con la esperanza de poder volver a trabajar su tierra, mantener a sus hijos, crecer como comunidad y vivir con dignidad.
En GHRC, nos solidarizamos con la comunidad de Laguna Larga y reiteramos sus demandas al Estado guatemalteco para que proteja sus derechos.
Guatemala Human Rights Commission 