GHRC, LAWG y 16 organizaciones instan a la Corporación Financiera de Desarrollo de EEUU a reconsiderar sus inversiones en Guatemala

Hoy un grupo de organizaciones de derechos humanos, política exterior, derechos de los inmigrantes, religiosas y de refugiados se unieron en una carta a la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC) para expresar su preocupación por el rápido deterioro del estado de derecho en Guatemala e instar a la DFC a revisar sus planes de inversión con respecto a Guatemala. La carta se produce tras las recientes detenciones por parte de la Fiscalía General de Guatemala de 6 fiscales basadas en cargos espurios, algunos de los cuales se encuentran en prisión preventiva, y la huida al exilio de al menos 3 fiscales anticorrupción desde el 1 de enero de 2022. La carta también se produce tras la aplicación en febrero de una ley que restringe el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, y la noticia de testimonios creíbles que implican al presidente Alejandro Giammattei en actos de corrupción, y las acciones sin precedentes del gobierno guatemalteco a finales del año pasado para dar luz verde a una mina ilegal de níquel, incluyendo el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército y la policía de Guatemala y la suspensión de los derechos constitucionales.

La carta dice: “Somos conscientes de que en enero de 2020 el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei firmó un memorando de entendimiento con el DFC, con el objetivo de catalizar la inversión del sector privado de hasta 1.000 millones de dólares en tres años en apoyo del desarrollo en Guatemala. La Guatemala de hoy, sin embargo, es notablemente diferente de la Guatemala de hace dos años. Un clima de inversión sólido requiere estabilidad e instituciones fuertes, así como la adhesión constante al estado de derecho. . . . El debilitamiento de la sociedad civil, la captura del sistema judicial por parte de fuerzas corruptas, la persecución sistemática de los investigadores de la corrupción y las acusaciones creíbles de corrupción que implican al propio presidente del país deberían llevar al DFC a reevaluar cualquier inversión en Guatemala. Estos factores han creado un entorno en el que las normas medioambientales, de derechos humanos y de derechos de los trabajadores que el DFC pretende cumplir no sólo no pueden garantizarse, sino que es muy probable que se violen”.

Carta completa en español abajo

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