Ante el estado de sitio en Santa Rosa y Jalapa, Guatemala

La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala expresa su profunda preocupación frente a la imposición de un estado de sitio en dos municipios del departamento de Jalapa y dos de Santa Rosa, que viene como parte de un patrón de ataques contra las comunidades, sus líderes y otros defensores de derechos humanos.

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), ha registrado 328 agresiones en contra de defensores en lo que va del año 2013. Los que se oponen a proyectos mineros han sido víctimas de una gran parte de estas agresiones. Trágicamente, estos hechos rara vez resultan en investigaciones adecuadas y en la sanción de los responsables, contribuyendo a un ambiente peligroso de impunidad.

Ahora, a un año de haber decretado estado de sitio en el municipio de Barillas Huehuetenango, el día 2 de mayo el gobierno de Otto Pérez Molina, decretó estado de sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla del Departamento de Jalapa y los municipios de Casillas y San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa.

El informe de verificación realizado por Waqib Kej, ha registrado abusos de autoridad, intimidación hacia la población, el uso desmesurado de la fuerza, irrespeto a la población, especialmente hacia las mujeres al momento de realizar los allanamientos a sus casas, robos de bienes y dinero durante los registros de los hogares, incluso se habla de la muerte de un menor de edad, como consecuencia de que su madre, al iniciar labor de parto no pudo salir para ser atendida.

Nos preocupa considerablemente la reiteración del uso de la figura del estado de sitio, sobre todo cuando se aprovecha para perseguir y detener a líderes comunitarios, defensores de derechos humanos de sus comunidades. Las comunidades han sido enfáticas a través de consultas comunitarias de buena fe, que el gobierno no ha querido reconocer y que peor aún obvia y concede licencias a proyectos mineros.

Otro elemento que preocupa son las declaraciones dadas por el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla y el Presidente de la República a medios de comunicación que pretenden confundir y señalan que el estado de sitio se estableció porque en los lugares se realizan actividades de narcotráfico, sicariato, crimen organizado. Señalan que nada tiene que ver el desacuerdo de la población a la minería, pero ya se han realizado varios allanamientos a las viviendas de lideres. A la vez, han hecho señalamientos directos hacia el Parlamento Xinca y hay órdenes de captura para algunos de sus miembros.

López Bonilla afirmó que las personas capturadas hasta el momento no forman parte de estructuras del narcotráfico, pero sí de bandas dedicadas al sicariato, extorsión y otros delitos. Hay más de 40 órdenes de captura vigentes y hasta el momento se han realizado 18 detenciones.

En Santa Rosa y Jalapa, la gran mayoría de los pobladores afectados por el estado de sitio ejercían su derecho de defender su medio ambiente, en el caso de San Rafael las Flores la población realizaba una manifestación pacífica cerca de las instalaciones del proyecto El Escobal, de la Minera San Rafael, S.A., subsidiaria de la empresa canadiense Tahoe Resources.

Manifestamos nuestra preocupación sobre el uso de la militarización y la suspensión de los derechos constitucionales y exhortamos a las autoridades guatemaltecas para que actúen con respeto a los derechos humanos de la población.

GHRC Stands in Solidarity with the People of Santa Cruz Barillas/GHRC expresa nuestra solidaridad con la población de Santa Cruz Barillas

The Guatemalan Human Rights Commission in Washington, DC (GHRC/USA) wishes to express its deepest concern about the crisis in Santa Cruz Barillas, Huehuetenango and the excessive and arbitrary reaction of the Guatemalan government.

President Otto Pérez Molina in Santa Cruz Barillas from plazapublica.com.gt

We condemn the attack on May 1 in which Andrés Francisco Miguel was murdered and Pablo Antonio Pablo Pablo and Esteban Bernabé were seriously injured, an attack apparently carried out by individuals linked to hydroelectric company Hidro Santa Cruz SA. Our heartfelt sympathy goes out to the victims and their families.

In a community meeting held in the town of Barillas on June 23, 2007, the community expressed their opposition to mining activities and other mega projects. From the outset of the proposed project, residents have expressed their rejection of the proposed Canbalam hydroelectric project and have denounced the lack of prior and informed consent.

The government’s decision to declare a state of siege and suspend fundamental rights is ironic given that this conflict arose because of the state’s failure to recognize and respect the collective rights of the community. Far from pacifying and providing a real solution to the conflict, the state of siege only serves to generate more fear, disharmony and insecurity.

We criticize the baseless and defamatory statements of government officials linking social movements to organized crime groups, such as Los Zetas. This attempt to defame and discredit community leaders is a poor pretext to justify the improper use of the armed forces.

We also reject the malicious accusations against international organizations working in Guatemala. We are troubled by this smear campaign because of the negative impact it can have on those who work on behalf of human rights, solidarity, and the development of the country. We ask the media to maintain impartiality in their coverage of the news in order to promote peace among the people.

The actions of military officials and security forces –roundups, home searches, threats, and arrests–repeat a pattern of criminalization of social movements and community leaders who seek respect for their historic rights as indigenous peoples to decide the best use of their land and natural resources.

We are alarmed that the government has given priority to the capture of community leaders over the arrest of those responsible for the murder of Andrés Francisco Miguel.

In addition, we wish to express our concern for the irregular and furtive manner in which 12 community leaders were secretly transferred from Huehuetenango to a high-security prison in Guatemala City. Authorities not only failed to notify family members beforehand, but also refused to answer questions about the detainees’ whereabouts. The community leaders, not convicted of any crime, have been placed in the prison’s general population along with gang members, extortionists, and murderers.

We urge authorities to:

  • Guarantee the safety, welfare, and fully respect the rights of those imprisoned, and to immediately review the charges against them;
  • Investigate the assassination of Andrés Francisco Miguel and prosecute the material and intellectual authors of this deplorable act;
  • Lift the state of siege and demilitarize the response to social conflict;
  • Suspend the Hidro Santa Cruz’s construction license, respecting the community referendum carried out in 2007.

The government has a supreme duty to guarantee the inalienable rights of its citizens. At all times, in peace or in conflict, this obligation must be the guiding force behind every action of the state. The appropriate solution to the conflict in Santa Cruz Barillas can only be found through a respect for the rights of its people, not through the suspension or the violation of those rights.

La Comisión de los Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC/USA, por sus siglas en inglés) quiere manifestar su profunda preocupación por la crisis desatada en Villa de Barillas, Huehuetenango y la reacción excesiva y arbitraria del Gobierno de la República de Guatemala.

Estado de sitio en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango

Repudiamos el ataque del 1 de mayo en cual fue asesinado el campesino Andrés Francisco Miguel y quedaron gravemente heridos los señores Pablo Antonio Pablo Pablo y Esteban Bernabé, un ataque aparentemente perpetrado por personas ligadas a la empresa Hidro Santa Cruz. Nuestras sinceras condolencias están con las víctimas y sus familias.

En una consulta comunitaria celebrada en el municipio de Barillas el 23 de junio del 2007, la comunidad expresó su rechazo a la minería y otros megaproyectos. Desde el principio del proyecto propuesto, los vecinos han expresado su rechazo total al hidroeléctrico Canbalam y han denunciado la falta de consulta previa e informada.

La aprobación de un Estado de Sitio y la suspensión de los derechos fundamentales, es un acto que resulta hasta irónico dado que este conflicto nace por el no respeto a los derechos colectivos de esta comunidad. Lejos de apaciguar y buscar una solución verdadera a la situación conflictiva, solo ha servido para sembrar más discordia, miedo e inseguridad.

Criticamos las declaraciones sin fundamento de funcionarios del Gobierno vinculando al movimiento social con grupos de crimen organizado, como los Zetas. Este intento de difamar y desprestigiar a los líderes comunitarios es un mal pretexto para justificar el indebido uso de las fuerzas armadas.

De igual forma rechazamos las acusaciones tendenciosas lanzadas en contra de las organizaciones internacionales. Esta campaña negra nos preocupa por las repercusiones que pueda tener para las personas que trabajan en pro de los derechos humanos, la solidaridad y el desarrollo del país. Pedimos a los medios de comunicación la imparcialidad de sus notas con el fin de promover la paz en la población.

Las actuaciones de los funcionarios y las fuerzas armadas—redadas, allanamientos, amenazas y arrestos—replican un patrón de criminalización de movimientos sociales y líderes comunitarios quienes buscan cumplimiento con sus demandas históricas del derecho a la consulta y al territorio ancestral.

Estamos alarmados por la prioridad dada a la captura de líderes comunitarios por encima del arresto de los asesinos responsables por la muerte de Andrés Francisco Miguel.

Además, expresamos nuestra profunda preocupación por la forma en que los 12 líderes fueron trasladados desde Huehuetenango a una cárcel de máxima seguridad en la capital, sin previo aviso y de forma encubierta. Las autoridades no solo no avisaron a los familiares, sino también negaron contestar preguntas acerca del paradero de los detenidos. Los lideres comunitarios, no condenado por ningún delito, fueron colocados en la población general de la cárcel, junto con mareros, extorsionistas y asesinos.

Instamos a las autoridades:

  • Garantizar la seguridad, bienestar y el pleno respeto a los derechos humanos de los detenidos, y inmediatamente revisar las cargos contra ellos;
  • Investigar el asesinato de Andrés Francisco Miguel y llevar a juicio a los responsables materiales e intelectuales de este deplorable hecho;
  • Levantar el estado de sitio y desmilitarizar la respuesta al conflicto social;
  • Suspender la licencia de construcción de la Hidro Santa Cruz respetando la consulta comunitaria que se llevó a cabo en 2007.

El Estado tiene el deber supremo de ser garante de los derechos inalienables de sus ciudadanos. En todo momento, de paz o conflicto, esta obligación debería ser la guía primordial para el actuar de las autoridades. La solución idónea al conflicto de Santa Cruz Barillas solo se encontrará por medio de respeto a los derechos de sus habitantes, y no por la suspensión o violación de ellos.