Guatemala News Update: November 9-15

Peasant farmers march for major reforms

On Wednesday, thousands of people from 20 departments marched for reforms concerning land and energy in Guatemala. Organized by the National Committee of Peasant Farmers, the marchers demanded land reform, nationalization of electricity, and a halt to mineral exploitation in their communities. In total, about 40,000 people participated, and the march lasted for seven hours. Smaller protests were also registered in other parts of the country.

Further delay in Ríos Montt trial

The First Board of Appeals’ Penal Branch cannot yet determine the merits of the final judgment made by the Constitutional Court regarding whether Decree Law 8-86 for amnesty applies to Efrain Ríos Montt. The Constitutional Court must send the document to the Supreme Court of Justice, which will then be sent on to the First Board. After the First Board receives the document, it will have five days to answer the Constitutional Court’s question on amnesty.

In an opinion piece for Al Jazeera, Lauren Carasik expresses concern for the likelihood that these delays will allow Montt to avoid justice and incur financial and emotional costs for the victims, witnesses, and lawyers. She also discusses the illegitimacy of possible amnesty as well as the consequences that amnesty would have on Guatemala’s fragile justice system.

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Ante el estado de sitio en Santa Rosa y Jalapa, Guatemala

La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala expresa su profunda preocupación frente a la imposición de un estado de sitio en dos municipios del departamento de Jalapa y dos de Santa Rosa, que viene como parte de un patrón de ataques contra las comunidades, sus líderes y otros defensores de derechos humanos.

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), ha registrado 328 agresiones en contra de defensores en lo que va del año 2013. Los que se oponen a proyectos mineros han sido víctimas de una gran parte de estas agresiones. Trágicamente, estos hechos rara vez resultan en investigaciones adecuadas y en la sanción de los responsables, contribuyendo a un ambiente peligroso de impunidad.

Ahora, a un año de haber decretado estado de sitio en el municipio de Barillas Huehuetenango, el día 2 de mayo el gobierno de Otto Pérez Molina, decretó estado de sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla del Departamento de Jalapa y los municipios de Casillas y San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa.

El informe de verificación realizado por Waqib Kej, ha registrado abusos de autoridad, intimidación hacia la población, el uso desmesurado de la fuerza, irrespeto a la población, especialmente hacia las mujeres al momento de realizar los allanamientos a sus casas, robos de bienes y dinero durante los registros de los hogares, incluso se habla de la muerte de un menor de edad, como consecuencia de que su madre, al iniciar labor de parto no pudo salir para ser atendida.

Nos preocupa considerablemente la reiteración del uso de la figura del estado de sitio, sobre todo cuando se aprovecha para perseguir y detener a líderes comunitarios, defensores de derechos humanos de sus comunidades. Las comunidades han sido enfáticas a través de consultas comunitarias de buena fe, que el gobierno no ha querido reconocer y que peor aún obvia y concede licencias a proyectos mineros.

Otro elemento que preocupa son las declaraciones dadas por el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla y el Presidente de la República a medios de comunicación que pretenden confundir y señalan que el estado de sitio se estableció porque en los lugares se realizan actividades de narcotráfico, sicariato, crimen organizado. Señalan que nada tiene que ver el desacuerdo de la población a la minería, pero ya se han realizado varios allanamientos a las viviendas de lideres. A la vez, han hecho señalamientos directos hacia el Parlamento Xinca y hay órdenes de captura para algunos de sus miembros.

López Bonilla afirmó que las personas capturadas hasta el momento no forman parte de estructuras del narcotráfico, pero sí de bandas dedicadas al sicariato, extorsión y otros delitos. Hay más de 40 órdenes de captura vigentes y hasta el momento se han realizado 18 detenciones.

En Santa Rosa y Jalapa, la gran mayoría de los pobladores afectados por el estado de sitio ejercían su derecho de defender su medio ambiente, en el caso de San Rafael las Flores la población realizaba una manifestación pacífica cerca de las instalaciones del proyecto El Escobal, de la Minera San Rafael, S.A., subsidiaria de la empresa canadiense Tahoe Resources.

Manifestamos nuestra preocupación sobre el uso de la militarización y la suspensión de los derechos constitucionales y exhortamos a las autoridades guatemaltecas para que actúen con respeto a los derechos humanos de la población.

Weekly News Round-Up, March 18-25

Day 1 of Genocide Trial
On March 19, 2013, the historic trial opened against Rios Montt and Rodríguez Sánchez. After almost two hours of delays by the Defense, the trial began. The public prosecutor stated that the objective of military operational plans under Ríos Montt was the destruction of the Mayan Ixil population as part of a counter-insurgency campaign that characterized civilians of this ethnic and linguistic minority as an “internal enemy”. Attorney Edgar Pérez rejected assertions that the act of seeking justice is itself an act of terrorism or an effort to destabilize Guatemalan society. Political pressure on the actors involved has been intense, and just before the trial begain, President Otto Perez Molina’s denied that genocide took place. Perez told reporters: “It is important to state it because I lived it: there was no genocide in Guatemala.” Marcie Mersky, Program Director at the International Center for Transitional Justice, says such comments may influence legal proceedings and are inappropriate.

Lolita Chávez participates in month-long speaking tour in Canada and US
In events in Montreal, Ottowa, Vancouver, BC and Washington, DC, Lolita Chavez spoke about the work of the K’iche’ People’s Council and community resistance to harmful transnational development projects. In an interview with Montreal Gazette, Lolita stated that: “Canadian companies are the main protagonists in this invasion that brings only death and destruction.” A short video interview is available here.

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