La GHRC aplaude el fallo de un tribunal de amparo de Guatemala que el 15 julio ordenó que se realice una consulta de vecinos sobre proyectos que los afecten y ordenó la suspensión de trabajos de construcción en la mina El Tambor.
El fallo es un indicio positivo para los miembros de las municipalidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo quienes se han unido en resistencia pacífica para oponerse a un proyecto que consideran altamente dañino.
El movimiento conocido como ‘La Puya’ ha mantenido una presencia los 24 horas al día, 365 díal al año en la entrada del sitio por más de tres años. Durante ese tiempo La Puya ha denunciado actos intimidatorios e ilegales de parte de la empresa guatemalteca que posee la licencia de minería, EXMINGUA, junto con su casa matriz Kappes, Cassidy & Associates, empresa estadounidense con sede en Reno, Nevada.
La querella legal presentada en octubre de 2014 por las autoridades de dos comunidades afectadas, El Carrizal y El Guapinol, acusa al gobierno municipal de no cumplir con su deber de actuar por el bien de los ciudadanos.
La denuncia acusa al Consejo Municipal de San Pedro Ayampuc -donde se ubica la mina – de fallar en su deber de detener los trabajos de construcción en la mina y de no defender los intereses de las comunidades afectadas. Argumentan que el Consejo tenía la responsabilidad de actuar dado su conocimiento que la empresa había violado la ley operando sin licencia de construcción, teniendo documentación de preocupaciones sobre la contaminación y la cualidad del agua y por no haber llevado al cabo una válida consulta previa.
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