La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala expresa su profunda preocupación frente a la imposición de un estado de sitio en dos municipios del departamento de Jalapa y dos de Santa Rosa, que viene como parte de un patrón de ataques contra las comunidades, sus líderes y otros defensores de derechos humanos.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), ha registrado 328 agresiones en contra de defensores en lo que va del año 2013. Los que se oponen a proyectos mineros han sido víctimas de una gran parte de estas agresiones. Trágicamente, estos hechos rara vez resultan en investigaciones adecuadas y en la sanción de los responsables, contribuyendo a un ambiente peligroso de impunidad.
Ahora, a un año de haber decretado estado de sitio en el municipio de Barillas Huehuetenango, el día 2 de mayo el gobierno de Otto Pérez Molina, decretó estado de sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla del Departamento de Jalapa y los municipios de Casillas y San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa.
El informe de verificación realizado por Waqib Kej, ha registrado abusos de autoridad, intimidación hacia la población, el uso desmesurado de la fuerza, irrespeto a la población, especialmente hacia las mujeres al momento de realizar los allanamientos a sus casas, robos de bienes y dinero durante los registros de los hogares, incluso se habla de la muerte de un menor de edad, como consecuencia de que su madre, al iniciar labor de parto no pudo salir para ser atendida.
Nos preocupa considerablemente la reiteración del uso de la figura del estado de sitio, sobre todo cuando se aprovecha para perseguir y detener a líderes comunitarios, defensores de derechos humanos de sus comunidades. Las comunidades han sido enfáticas a través de consultas comunitarias de buena fe, que el gobierno no ha querido reconocer y que peor aún obvia y concede licencias a proyectos mineros.
Otro elemento que preocupa son las declaraciones dadas por el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla y el Presidente de la República a medios de comunicación que pretenden confundir y señalan que el estado de sitio se estableció porque en los lugares se realizan actividades de narcotráfico, sicariato, crimen organizado. Señalan que nada tiene que ver el desacuerdo de la población a la minería, pero ya se han realizado varios allanamientos a las viviendas de lideres. A la vez, han hecho señalamientos directos hacia el Parlamento Xinca y hay órdenes de captura para algunos de sus miembros.
López Bonilla afirmó que las personas capturadas hasta el momento no forman parte de estructuras del narcotráfico, pero sí de bandas dedicadas al sicariato, extorsión y otros delitos. Hay más de 40 órdenes de captura vigentes y hasta el momento se han realizado 18 detenciones.
En Santa Rosa y Jalapa, la gran mayoría de los pobladores afectados por el estado de sitio ejercían su derecho de defender su medio ambiente, en el caso de San Rafael las Flores la población realizaba una manifestación pacífica cerca de las instalaciones del proyecto El Escobal, de la Minera San Rafael, S.A., subsidiaria de la empresa canadiense Tahoe Resources.
Manifestamos nuestra preocupación sobre el uso de la militarización y la suspensión de los derechos constitucionales y exhortamos a las autoridades guatemaltecas para que actúen con respeto a los derechos humanos de la población.
Guatemala Human Rights Commission 