La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, se solidariza con las víctimas y sobrevivientes de las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto armado interno en Guatemala. La Comisión hace un llamado a la Corte de Constitucionalidad a emitir una resolución acorde al estado de derecho y las leyes nacionales e internacionales.
La Corte de Constitucionalidad está por emitir resoluciones en dos casos que señalan a altos mandos del ejército de Guatemala –incluido un ex jefe de estado– por crímenes de lesa humanidad: el caso en contra del General López Fuentes, por el Genocidio Ixil y el que se sigue en contra del General Ríos Montt por la masacre en Las Dos Erres. La defensa ha planteado que los generales están protegidos por una amnistía, un argumento que ha sido rechazado una y otra vez por las cortes y tribunales guatemaltecos.
Detrás de estos dos casos están en fila muchos más, por lo cual, el fallo de la Corte tendrá implicaciones históricas importantes para el sistema de justicia y la posibilidad de romper con la impunidad, hasta ahora garantizada, para los autores de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
La Ley de Reconciliación Nacional (Decreto 145-1996), claramente dice en su artículo 8: “La extinción de la responsabilidad penal […] no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”.
En septiembre del año en curso, un grupo de eminentes expertos en la ley internacional -conformado por jueces, ex-jueces y fiscales de la Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional, Corte Interamericana de DDHH, Tribunal para la ex Yugoslavia, y Corte Suprema de Justicia de Argentina–, respaldó la inadmisibilidad de amnistía para delitos imprescriptibles como genocidio a través de un amicus curie presentado a la Corte de Constitucionalidad guatemalteca en el caso de la masacre de Las Dos Erres.
El amicus recuerda a la Corte que “el poder judicial guatemalteco, incluida la Corte de Constitucionalidad, ha dado el ejemplo para la región al ratificar -en fallos previos concernientes a la masacre de Las Dos Erres- el principio fundamental de que no puede haber amnistía ni ningún otro impedimento para el enjuiciamiento de estas violaciones graves al derecho internacional”.
Los expertos también confirmaron que a nivel regional e internacional, las leyes y cortes han dejado en claro que no se puede aplicar leyes de amnistía, incluidas la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Comisión Africana sobre Derechos Humanos. El Comité de DDHH de la ONU ha condenado, en términos similares y de manera uniforme, la promulgación de leyes de amnistía en países tales como Argentina, Bolivia, Camboya, Chile, Croacia, Haití, Líbano y Sudán. Hace solo dos días, el 11 de diciembre, la Corte Interamericana dictó sentencia condenatoria contra El Salvador por graves violaciones y ordena nunca aplicar la Ley de Amnistía para estos crímenes.
Recientemente, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jorge de León Duque, afirmó que Guatemala debe cumplir su compromiso internacional de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de esos casos. De León recordó que Guatemala ha ratificado instrumentos internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma, que “prohíben expresamente” la amnistía e indulto en estos casos: “Si vemos la normativa nacional e internacional, y la jurisprudencia, el genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, tajantemente no caben en la amnistía”, argumentó.
Los casos que ahora están frente a las cortes guatemaltecas son claros ejemplos de crímenes de lesa humanidad que, según la ley, no pueden ser amnistiados. Cualquier aceptación de una amnistía implicaría un gran retroceso en materia de derechos humanos y una ruptura con las leyes vigentes en el país.
En defensa del Estado de Derecho en Guatemala, reiteramos nuestro llamado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a respetar los convenios y la jurisprudencia internacional, y garantizar la justicia para las víctimas de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.
Comision de Derechos Humanos de Guatemala en EE.UU
Washington, DC
13 de diciembre de 2012
Guatemala Human Rights Commission 