(En español abajo)
On the morning of July 10, 2014, 400 members of the Guatemalan National Police, accompanied by private security guards from the Guatemalan Nickel Company (CGN) — a subsidiary of Canadian mining company HudBay Minerals — violently evicted at least 80 families from the community of Nabalija. CGN claims to be the owner of the land, although families have occupied the area for over a year. The eviction left several people injured.
At a press conference on July 16 in Guatemala City, Angelica Choc spoke out about past abuses committed by CGN — including the murder of her husband, Adolfo Ich, by the the company’s former head of security, as well as the rape of nine women by CGN security officers. An Ontario Court has made a ruling that will allow a case to be brought against HudBay, marking the first time a Canadian company is tried in Canada over actions committed by one of its international subsidiaries.
Angelica Choc speaks at a press conference in Guatemala City.
Las Comunidades Q’eqchi : 30 DE JUNIO SE’CHAJ, ASOCIACIÓN CAMPESINA MAYA Q’EQCHI’, SE’TAL, AGUA CALIENTE LOTE 9, COMUNIDAD 13 DE ABRIL, LOTE 8, LAS NUBES, LA CEIBA y EL ZAPOTILLO, todas del municipio de El Estor, Izaoat
Ante la opinión pública nacional e internacional, exponemos y denunciamos que el territorio del pueblo Q’eqchi’ ubicado en el municipio de El Estor, se viene librando una lucha sin descanso desde el año 1960 hasta hoy día para hacer valer nuestro derecho de acceso a la tierra, a un lugar digno donde vivir, trabajar, alimentar a la familia y fortalecer nuestra cultura e identidad.
El jueves 10 de julio, la Policía Nacional Civil, los guardias de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel -CGN- y los cuadrilleros contratados por es ta empresa, actuaron en contra de Comunidad 30 de junio Se’ Chaj, en el marco de una serie de ilegalidades: (1). La jueza Sandra Janeth Méndez Nájera autorizó el desalojo, pero nunca le notificó a la comunidad. (2). Sin enseñar la orden de desalojo los policías comenzaron a disparar bombas lacrimógenas en contra las mujeres y la niñez que se encontraba en la comunidad 30 de junio Se’Chaj. (3). El resultado ae esta acción violenta, por los grupos ya mencionados, es de 3 jóvenes heridos, cuyos nombres no se mencionan por temor a represalias, también fueron quemadas varias viviendas. (4). 15 estudiantes, que se encontraban en el interior de ia escuela, ubicada a 100 metros, del lugar donde se llevó a cabo el desalojo violento, resultaron intoxicados por las bombas lacrimógenas.
Por eso denunciamos públicamente que la Jueza, Sandra Yaneth Méndez, ha estado siempre a favor de la empresa CGN. Es la tercera vez que acciona en contra de las comunidades Q’eachi’ lo que nos hace pensar que está parcializada a favor de la Compañía Guatemalteca de Níquel. La primera vez, en el desalojo al Lote 8, Lote 9 y Setal, acompañó a los guardias de seguridad privada de dicha empresa, también ha protegido a sicarios contratados por la CGN. muy bien identificados por las comunidades, este grupo paralelo intentó masacrar ¡as familias que se encontraban en la comunidad SETAL, el 30 de junio de 2012
Responsabilizamos del desalojo violento, realizado el 10 de julio de los presente año, al Gobierno de Otto Pérez Molina, ai gobernador departamental de Izabal y a la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, ya que dicha empresa pretende despojarnos de nuestras tierras a cualquier costo, actuando muchas veces con el respaldo de instituciones gubernamentales ya que el 30 de mayo de este año el presidente Otto Pérez Molina autorizó y participó en la inauguración de una nueva fase de explotación minera de esa empresa. La imposición de la misma ha sido contra la voluntad de las comunidades afectadas y nunca se hizo ía consulta previa como reza ei convenio 169 de la OIT.
Ante estos hechos, las comunidades Q’eqcht’s exigimos:
Al ministro de gobernación que cesen les desalojos en contra de nuestras comunidades. Y que no defiendan los intereses de la Compañía Guatemalteca de Níquel que está violentando los derechos de miles de familias Q’eqchi’.
A la institucionalídad agrada dei país atender, de urgencia, las demandas de legalización de tierra para las comunidades Q’eqchi’ del municipio de El Estor, Izabal.
Al Ministerio Público que investigue a ios cuerpos paralelos de seguridad de la CGN que participaron en el desalojo violento del 10 de julio último y del atentado armado en contra de las familias de la comunidad Setal el 30 de junio del año 2012.
A los jueces que respeten los procesos de d:áiogc y negociación que las comunidades Q’eqchi’ llevan con la institucionalidad agraria de este país, para ia legalización de sus tierras y no emitan ordenes de Desalojo a su saoor y antojo o valiéndose solamente por la información que ies brinca la CGN y otros empresarios. También les exigimos imparcialidad en sus sentencias.
Al Ministerio Público a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG y al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones unidas que se investiguen el actuar de la jueza Sandra Yaneth Méndez ya consideramos que dicha acción judicial (desalojo violento del 10 de julio), no está apegado a derecho.
A la Procuraduría de Derechos Humanos que rinda un informe verídico y objetivo del desalojo violento llevado a cabo el 10 de julio contra la Comunidad 30 de junio Se’ Chaj y que se forme una comisión permanente para verificar las constantes violaciones a nuestros derechos que comete personal de la CGN.
Hacemos un llamado a la población de E! Esíor a organizamos en contra de los atropellos que estarnos viviendo. No permitamos que la CGN siga abusando de nuestros derechos. Y por nuestra vida y ía vida de nuestros hijos e hijas defendamos el poco territorio que nos queda.
Consideramos que ¡a solución a la problemática social que ha generado la CGN en la región, es que el Estado de Guatemala, haciendo uso de su soberanía y rescatando su dignidad cancele las licencias de explotación otorgadas a dicha empresa.
¡LA MADRE TIERRA NO SE COMPRA NI SE VENDE, SE RECUPERA Y SE DEFIENDE!
EL ESTOR, IZABAL, 15 DE JULIO 2014
Guatemala Human Rights Commission 